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Delito de difamación, obstáculo para el periodismo en Yucatán

Periodistas solicitan a las diputadas y diputados derogar el delito de difamación del Código Penal local para evitar censura y hostigamiento

Yucatán se encuentra entre los siete estados del país en donde todavía se contemplan delitos contra el honor en el Código Penal y, en especifico, la difamación representa un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión de las y los periodistas.

En el artículo 295 de dicho Código se establecen penas de tres días a dos años de prisión o de 20 a 200 días de multa por el delito de difamación. Con esto, se puede inferir que en nuestra entidad prevalece la censura penal a la actividad de las y los comunicadores.

Esta normativa resulta obsoleta en el contexto actual de la defensa y garantía de los derechos humanos, ya que va en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y de manifestación plasmados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana.

En nuestro país es  inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, por lo que el Código Penal de Yucatán no debería contar con disposiciones que pretendan castigar el derecho a la libre expresión.

La asociación civil defensora de periodistas, Article 19, señala que las demandas por delitos como la difamación se han vuelto una práctica recurrente por parte de las autoridades en México para impedir las críticas, cuestionamientos y contrapesos hacia el cumplimiento de su trabajo.

Yucatán no es la excepción, pues se han reportado casos –sobre todo en municipios del interior del estado– en los que funcionarios denuncian a periodistas con la intención de censurarlos, amedrentarlos y hostigarlos.

De igual forma, las y los periodistas yucatecos constantemente son amenazados con ser denunciados penalmente por personajes públicos cuando éstos son cuestionados o criticados en notas, reportajes o artículos periodísticos.

En el 2007, el Estado Mexicano derogó todos los delitos contra la honra del Código Penal Federal: injuria, calumnia y difamación. De esta manera se dio cumplimiento a recomendaciones formuladas por organismos internacionales de derechos humanos y de los que nuestro país forma parte.

Cuando se presentaron iniciativas sobre estos temas en la Cámara de Diputados, se enfatizó que las leyes que penalizan la difamación son instrumentos que se emplean para acallar voces discordantes y evitar que los medios de comunicación y los ciudadanos realicen su labor y derecho a expresarse.

En el 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución en contra del Estado Mexicano que planteó, entre varios puntos, que es necesaria la derogación de los delitos contra el honor (difamación y calumnias) en todo el país, ya que las penas de prisión nunca serán adecuadas ni proporcionales.

Además, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2000 indica que la protección a la reputación  de las personas debe garantizarse exclusivamente a través de sanciones civiles, no por la vía penal:

Principio 10.- Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.

Por todo lo anterior, periodistas y medios de comunicación de Yucatán, así como asociaciones civiles defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión, solicitamos a las diputadas y a los diputados estatales de todas las bancadas legislativas que impulsen iniciativas que deroguen el delito de difamación del Código Penal local, en concreto los artículos 295, 296, 297 y 298.
 
En nuestra sociedad yucateca, que se caracteriza por su democracia, no se pueden permitir acciones de intimidación hacia las y los periodistas, de ahí la relevancia de eliminar disposiciones penales que pretendan inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.